La Policía Nacional activó la orden de captura en contra de Antonio José Álvarez Henriques, presidente de Barcelona Sporting Club, dentro de la investigación denominada caso Goleada, tras la disposición judicial que ordenó prisión preventiva para cinco ciudadanos vinculados al proceso.
El operativo también incluye a sus hermanos Aquiles David Álvarez Henriques, alcalde de Guayaquil; Xavier Mario Álvarez Henriques; como también a Fernando Patricio Peñaherrera Venegas y César Emilio Bravo Ibáñez, quienes constan dentro del pedido de localización y captura en esta causa penal sobre el presunto delito de lavado de activos.
La medida se deriva de la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que sustentó la prisión preventiva con varios elementos de investigación. Entre ellos consta la presunta canalización de fondos de origen ilícito mediante préstamos realizados a Barcelona Sporting Club por más de USD 2 millones.
Según la tesis fiscal, los recursos habrían sido entregados a través de cheques emitidos a favor del Fideicomiso Socios B.S.C., con montos que oscilaban entre los USD 300 000 y USD 600 000. La Fiscalía sostiene que esos valores tendrían relación con ganancias obtenidas de un presunto esquema de comercialización irregular de combustibles subsidiados mediante estaciones de servicio y empresas vinculadas a la familia Álvarez.
Antonio Álvarez, quien actualmente ocupa la presidencia de Barcelona SC, mantiene una relación con la institución desde hace varios años. Su hermano Aquiles Álvarez también tuvo participación en la dirigencia del club antes de asumir la Alcaldía de Guayaquil en 2023.
Dentro de los argumentos presentados, la Fiscalía además señaló presuntos movimientos patrimoniales en empresas relacionadas con los procesados. La entidad mencionó aumentos de capital registrados entre 2021 y 2023 en compañías como Ternape S.A., Corpalubri S.A., Copedesa S.A. e Inmobiliaria Álvarez H. S.A., operaciones que, según la investigación, estarían vinculadas a los ciudadanos procesados.
Asimismo, el Ministerio Público indicó que después de la denuncia pública del caso Triple A, en julio de 2024, se habrían realizado transferencias de paquetes accionarios a familiares y modificaciones en representaciones legales de algunas compañías. Para la Fiscalía, estas acciones podrían haber tenido como finalidad ocultar patrimonio o dificultar su rastreo.
Con la activación de la orden de captura, la Policía Nacional inició las acciones correspondientes para ubicar a los ciudadanos requeridos y ejecutar la disposición judicial dentro del proceso que continúa bajo investigación.
Todos los vinculados en el caso Goleada están convocados para una audiencia preparatoria de juicio programada para el 16 y 17 de julio.
Fuente: ecuavisa.com
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